Este proyecto, a pesar de afectar a un extenso territorio y al conjunto de sus habitantes, incomprensiblemente se ha iniciado a espaldas y sin ningún tipo de información a la ciudadanía. El interés porque no trascienda, es más grave si cabe, teniendo en cuenta las importantes consecuencias y repercusiones que tendría para la calidad de vida de la población local.
El agotamiento inminente de las reservas naturales de petróleo y gas a
nivel mundial, y la continuista tendencia a depender de estos recursos con los
actuales modelos energéticos, ha llevado a buscar y desarrollar técnicas para
extraer otro tipo de gases (gases no convencionales) ante un contexto que
dispare el precio de los hidrocarburos.
Mientras que tradicionalmente el petróleo y el gas se extraen de “bolsas” (en realidad,
rocas muy porosas que contienen estos hidrocarburos), actualmente se han
desarrollado técnicas para extraer el gas contenido en los diminutos poros de
otras rocas (generalmente pizarras). Estas técnicas, se vienen aplicando desde
hace unas décadas sobre todo en EEUU, y se conocen como FRACTURA HIDRÁULICA o FRACKING. Aun siendo mucho menos
productivas que la extracción de hidrocarburos convencionales, debido a su declive,
las multinacionales del sector están realizando prospecciones en busca de estos
nuevos gases en todos los continentes y a “cualquier precio”.
A grandes rasgos, la extracción mediante fractura hidráulica o fracking consiste en la perforación en vertical,
atravesando capas de roca y acuíferos, hasta la de pizarra que contiene el gas
y que puede encontrarse a varios kilómetros de profundidad. Posteriormente, se realizan
perforaciones horizontales de entre 1-1,5 km, para más tarde, con la utilización
de explosivos crear pequeñas grietas por las se inyecta agua, arena y aditivos
a altas presiones para aumentar las fracturas y la permeabilidad, extrayendo junto
a ellos tras ser recuperados gas y otras sustancias presentes en la roca (incluidos
metales pesados y partículas radiactivas) obteniendo una parte en forma de gas
(gas pizarra, gas esquisto,…) ya en la superficie, y almacenando el resto en
balsas próximas a la perforación.
Previamente a la fase de explotación descrita, se ha de realizar la de
investigación (fase autorizada en el Campo de Montiel), con estudios tanto a
nivel superficial, incluidos los de vibrosísmica generando pequeños temblores
de tierra por medio de explosiones o vibradores, como en profundidad a través
de perforaciones.
Los efectos ambientales y para la salud son múltiples incluso desde la
fase de investigación. Para cada perforación se necesitan unos 200.000 m3 de
agua y se inyectan entre 1500 y 4000 toneladas de productos químicos. Aquí se
incluyen más de 500 sustancias –no todas conocidas, puesto que el secreto de
empresa les permite no desvelarlas–, siendo muchas de ellas altamente
contaminantes y toxicas, con efectos cancerígenos probados, elementos
mutágenos, a los que habría que sumar las propios productos nocivos de la roca,
como metales pesados y partículas radiactivas, que llegarían a la superficie
con el liquido retornado. Gran parte de estas sustancias se almacenarían en
balsas al aire libre, pasando directamente a la atmosfera las más volátiles y
con muchas probabilidades de que el resto llegara al subsuelo, contaminando con
ello los acuíferos.
El elevado riesgo de contaminación subterránea se debe a la cantidad de
pozos y balsas que serian necesarios, y a la facilidad de que en ellos se
produjeran tanto fallos de impermeabilización como fracturas en el terreno. De
esa forma, esas sustancias pasarían al agua del acuífero, quedando contaminado
de por vida, como ha quedado demostrado en otros lugares, sobre todo de EEUU. Por
otra parte, se estima que solo entre un 15% y un 80% del fluido inyectado es
recuperado en la superficie, quedando el resto bajo tierra. A todo esto habría que añadir la
contaminación, erosión, etc., como consecuencia del tráfico constante de
camiones (se estiman entre 4300 y 6600 movimientos por plataforma); el riesgo
de terremotos (algunas empresas ha reconocido estar detrás de algunos seísmos
en Reino Unido y EEUU); o el altísimo impacto paisajístico, entre otros muchos.
Y todo esto para una vida útil de únicamente 5-6 años por pozo.
Ante la evidencia de las consecuencias tan catastróficas que han tenido
lugar en muchos de los lugares donde se han llevado a cabo estas técnicas extractivas
(contaminación de aguas subterráneas y superficiales, aumento de terremotos,
escapes de gases, aumento de casos de cáncer, etc.); unido a la falta de
informes y transparencia que asegure la inocuidad de estos métodos, ha surgido
entre la ciudadanía el movimiento antifracting
una vez que una parte de ésta ha tenido conciencia del mismo. Este
movimiento ha llevado a que varios países, estados o regiones se hayan opuesto ya, al menos hasta
tener más información, a estas actividades. Así en EEUU, estados como los de Nueva Jersey,
Nueva York o Pensilvania han realizado suspensiones temporales, y diversos
municipios han aprobado prohibiciones locales. El Parlamento Europeo, en un
informe de junio de 2011, “Repercusiones
de la extracción de gas y petróleo de esquito en el medio ambiente y la salud
humana”, da una serie de recomendaciones encaminadas a no autorizar este tipo de actividades, mientras no estén bien
reguladas y evaluadas, y se hagan públicos los componentes, e indica que “los
riesgos y cargas medioambientales no son compensadas por su correspondiente
beneficio temporal”. Países como
Alemania, Países Bajos o Irlanda del Norte han
aprobado moratorias, mientras que otros como Bulgaria y Francia han prohibido la fractura hidráulica en sus
territorios.
En España la falta de información y transparencia sobre el tema por
parte de los poderes públicos impide que puedan conocerse con exactitud los
permisos solicitados y concedidos. Según el mapa publicado en marzo de 2012 por
la Agencia Estatal de la Energía, son numerosos los permisos concedidos tanto
para la fase de investigación como para la de explotación, concentrándose sobre
todo en el norte (Cantabria, Álava , Burgos, Cataluña, Aragón,..) y en
Andalucía. En todos los casos, la
información aportada a la población ante tan trascendentes proyectos ha sido
nula.
En resumen, de llevarse a cabo este proyecto:
-Se pondrá en claro riesgo la salud y la calidad de vida de muchas
generaciones de habitantes de las comarcas afectadas (como mínimo Campo de
Montiel y La Mancha).
-En el Campo de Montiel se verán alterados valores naturales de alto
interés ambiental y socioeconómico como la ZEPA de El Bonillo, las Áreas de
dispersión del águila imperial ibérica, la reserva Natural de los Ojos de Villaverde
o el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
-En La Mancha será más que probable la contaminación de los acuíferos
23 y 24, viéndose con ello afectados el conjunto de la Reserva de la Biosfera
de la Mancha Húmeda y el P.N. de las Tablas de Daimiel.
Por todas estas razones, los ciudadanos y ciudadanas del Campo de
Montiel y La Mancha, ante la sospechosa permisibilidad y opacidad de las
autoridades, tal y como se ha hecho en otros países y otras comarcas y
poblaciones de España, debemos oponernos a este atropello injustificado desde
cualquier punto de vista, anteponiendo siempre nuestro futuro y el de nuestros
hijos, al posible beneficio económico inmediato de unos pocos. Para ello, y
coincidiendo con el día mundial contra la fractura hidráulica (22 de
septiembre), se ha creado la PLATAFORMA
DEL CAMPO DE MONTIEL Y LA MANCHA CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA.